domingo, 28 de noviembre de 2010

Ya pueden notificarse las multas de tráfico por Internet

Esta es una de las novedades de la tercera y última fase de la nueva Ley de Seguridad Vial, que introduce nuevas aplicaciones informáticas tendentes a facilitar la relación entre el ciudadano y la administración en materia de tráfico.
De la reforma de la Ley, cabe resaltar la sustitución del domicilio físico de notificaciones por el domicilio electrónico (Dirección Electrónica Vial, DEV) con efectos legales. Así, a partir de ahora, las administraciones con competencia sancionadora en materia de tráfico depositarán las notificaciones del procedimiento sancionador en una Web desde la que se generarán avisos al correo electrónico y/o teléfono móvil de los interesados.

Doctrina jurisprudencial sobre la valoración de los daños corporales derivados de accidentes de tráfico. Intereses de demora.

La fundación de las cajas propone bajar Sociedades y subir el IRPF para reducir el déficit

cincodias.com

Estas medidas se recogen en el trabajo realizado por el director general de Funcas, Victorio Valle, bajo el título 'Posibilidades y límites de la política presupuestaria', incluido en el libro 'Lecciones de la crisis', editado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Valle señala que reducir el déficit público, que está en el 'ojo del huracán' de los mercados tras el anuncio del rescate de Irlanda, pasa por adoptar una reforma tributaria que combine una variación en la estructura de los presupuestos y una mayor recaudación.
Propone, una reducción del Impuesto de Sociedades y de las cuotas sociales que pagan las empresas equivalente a un incremento del déficit de 0,5 puntos y un punto porcentual del PIB, respectivamente, y el establecimiento de una desgravación en la parte de renta anual destinada al ahorro.
Frente a estos cambios, Funcas apuesta por incrementar los tipos medios del IRPF, ampliando los tramos de la escala, y por reducir los tipos marginales, hasta lograr una reducción del saldo negativo de las cuentas públicas de 2,5 puntos del PIB.
Además, las cajas abogan por una subida del IVA y de los impuestos especiales hasta reducir el déficit en otros 2,5 puntos. En conjunto, estos cambios fiscales permitirían incrementar la recaudación total en 3,5 puntos del PIB anuales.
Valle entiende que aumentar los impuestos que inciden sobre el consumo podría parecer un "despropósito", por lo que explica que, en primer lugar, supone una homologación con los socios europeos, y, además, responde a que "la atonía de la actividad económica recomienda mayor protagonismo público provisionalmente".
Además, el director general de Funcas entiende que el aumento del IRPF debería diseñarse concentrando sus efectos recaudatorios en niveles medio-altos de renta, reduciendo los posibles efectos sobre el consumo.
Incrementar el gasto público en actividades productivas
Dicho esto, Funcas indica que los ingresos previstos permitirían destinar 1,5 puntos del PIB a incrementar las inversiones en grandes proyectos de infraestructuras y en la adquisición de viviendas de adquirientes morosos para dedicarlas al alquiler. Además, precisa que ese incremento debería ser "sostenido".
Descontadas estas inversiones, quedarían dos puntos del PIB disponibles para reducir el déficit. Si bien, Funcas cree que aún podría reducirse en un punto porcentual más, hasta los tres puntos porcentuales del PIB, si se acomete un plan a cinco años de reducción progresiva de los costes de prestación de los servicios públicos.
Según indica Valle, entre 1985 y 2005 la producción real de servicios públicos -excepto defensa- creció un 1,17% en tasa interanual, mientras que el coste de la prestación de esos servicios lo hizo a un ritmo del 4,31% anual.
"Hay un exceso de coste de en torno a tres puntos en el crecimiento real, no es demasiado pedir que cada año se reduzcan por este concepto de mejora de la eficiencia dos puntos de crecimiento del consumo público civil en términos reales, lo que aportaría aproximadamente un punto del PIB que vendría a rebajar el déficit estructural", concluye Valle.

sábado, 20 de noviembre de 2010

Las grandes operadoras se oponen a los planes de Apple


Podrían dejar de subvencionar los nuevos iPhone si se incluye una tecnología en la tarjeta SIM que eliminaría la relación entre el operador y el cliente.
Algunas de las principales operadoras europeas de telecomunicaciones pueden plantear un serio conflicto a Apple si la compañía norteamericana lleva a cabo sus planes para introducir en la nueva versión de su iPhone, que previsiblemente se lanzará el año que viene, una nueva tecnología que eliminaría la tarjeta SIM, el principal vínculo entre el operador y su cliente, según publicó ayer el diario Financial Times.

Cuenta atrás para afinar la factura con Hacienda

cincodias.es
La desaparición de la deducción universal por vivienda y el alza de impuestos para rentas altas a partir de 2011 marcan la toma de decisiones en la recta final del año.

martes, 9 de noviembre de 2010

El Gobierno veta las enmiendas a los Presupuestos contra la congelación de las pensiones

elcomerciodigital.com
El Gobierno ha decidido vetar la tramitación de 22 enmiendas parciales al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, entre ellas las presentadas por PP, ERC, IU, ICV, BNG.

El Ayuntamiento de Bakio recibirá del Gobierno central 2,6 millones de euros

Elcorreo.com
El reciente acuerdo presupuestario entre el PNV y el PSOE en Madrid ha supuesto la salvación para el futuro Museo del Txakoli de Bakio. El proyecto se encontraba paralizado desde hace un año, aproximadamente, por «por falta de dinero» y, gracias al pacto entre ambas formaciones, el Consistorio recibirá del Gobierno central 2,6 millones de euros para finiquitar uno de los planes más importantes de las últimas legislaturas.


Para quienes no los sepan, el chacolí o chacolín (txakoli, txakolin o txakoina en euskera) es un vino blanco producido a partir de uvas verdes, lo que provoca una cierta acidez (Wikipedia)

Las Administraciones Públicas tardan 158 días de media en pagar sus facturas

Expansion.com
La ley les obliga este año a abonar sus facturas en 55 días, pero comunidades y autonomías se toman hasta 158 días para pagar a sus clientes.