¿Limitación de pagos en efectivo? ¿que los inspectores de Hacienda pisen más la calle y estrechen la colaboración con sus colegas de Trabajo? Sobre el papel, muy "bonito" pero, ¿se ha conseguido algo con la ya existente obligación de declarar ingresos en banca por encima de los 3.000 euros? o ¿realmente alguien ha visto a un inspector de trabajo "inspeccionando" algo que no sean empresas declaradas?:
"La lucha contra la economía sumergida destapa irregularidades en más de 2.000 empresas" (Diario Sur); "Según datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Tenerife, desde 2009 se han levantado 220 actas de infracción por contrataciones de inmigrantes sin papeles, que supusieron más de 1,5 millones de euros en multas. Como explica Miguel Rafael García, jefe de la Unidad de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, “se levanta un acta y se impone una sanción por cada persona que se encuentra en la empresa trabajando de manera irregular, y la sanción mínima es de 10.000 euros” (diariodeavisos.com); y así se pueden encontrar noticias en cada provincia pero siempre referidas a, como decimos, empresas constituidas y en funcionamiento.
Quizá la medida anunciada de que Hacienda reforzará una operación que ya está en marcha y que contempla la inspección de locales que no estando registrados como negocios, presentan un consumo eléctrico elevado, basada en los datos que las empresas eléctricas entregan periódicamente a la Agencia Tributaria ese consumo, sí pueda obtener algún resultado.
Y por último ¿incentivar las regularizaciones voluntarias? Al parecer de las inspecciones ya en marcha y las venideras. Teniendo en cuenta los datos finales de los muchos procedimientos judiciales (y administrativos) en los que finalmente los tribunales dan la razón a los administrados ante los constantes abusos cometidos por la Administración tributaria en sus actuaciones, la única regularización que quizá fuera factible sería una nueva amnistía fiscal como las realizadas por el Gobierno de Felipe González en 1991 y 1984). Cierto que por una disposición adicional que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 1992 "A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, una amnistía fiscal", pero ante la situación económica actual ya hay voces que se plantean esta posibilidad, máxime cuando leemos noticias como "El saneamiento de los 50.000 millones de activos tóxicos inmobiliarios que contaminan los balances de la banca española y el acopio de los 18.000 millones de capital para cumplir con la norma europea requerirían que la banca española dedicase a este fin las ganancias totales de más de cuatro años." (expansión.com). ¿De dónde poder obtener dinero "circulante"?
