Tras más de un año de negociación y después de alcanzar un acuerdo con el Consejo el pasado mes de septiembre, el Parlamento Europeo ha aprobado, con 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones, una directiva que busca garantizar que las pequeñas empresas no tengan que afrontar problemas financieros debido a la demora en el pago de facturas por parte de otras compañías o de la administración.
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