La nueva Ley de Acceso a la Abogacía eleva las exigencias para ejercer en España, lo que multiplica las colegiaciones de profesores y funcionarios, y de graduados en Derecho de otros Estados de la UE.
La Ley de Acceso a la Abogacía, que revoluciona los requisitos para ejercer como abogado en España a partir del próximo noviembre, está provocando una avalancha de colegiaciones desde hace meses. Y seguirá, previsiblemente, hasta noviembre de 2013, fin del periodo transitorio. Profesores, notarios o registradores españoles y graduados en_Derecho de otros Estados miembros de la UE aprovechan que España se mantiene como uno de los países en los que es más sencillo colegiarse y ejercer como abogado de todo el mundo. De esta forma, el número de colegiaciones en las principales agrupaciones españolas ha crecido una media del 50% entre 2009 y 2010 (ver información adjunta). Desde un incremento que roza el 80% en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), a un aumento superior al 47% en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), y a una subida del 30% en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Dos son los grupos fundamentales que engrosan esta avalancha: por un lado, profesores y funcionarios y, por otro, extranjeros. Notarios, registradores y profesores corren a colegiarse. Seguidos de jueces, fiscales, técnicos de la Administración del Estado, abogados del Estado, letrados de las Cortes, letrados del Tribunal Constitucional o interventores tesoreros de la Administración local. Cuando los recortes en el sueldo de los funcionarios llevan a muchos funcionarios a dejar la Administración y a fichar por un despacho. Y el fin de legislatura y el vuelco electoral de los pasados comicios municipales y autonómicos del pasado 22-M multiplican los abandonos del_Sector Público. Pero, sobre todo, se está produciendo un movimiento directamente ligado a los nuevos requisitos que exigen la Ley de Acceso y su Reglamento. Es decir, se están colegiando profesores con el fin de poder impartir clases en el nuevo Máster de Acceso a la Abogacía, en concreto, dentro del cupo de profesores “prácticos”, para lo que tienen que estar colegiados como abogados ejercientes. Cuando no han llevado una operación o pisado un tribunal en su vida.
La principal reconvención a esta práctica es que desnaturaliza lo que persigue la Ley de Acceso, ya que pretende que la proporción entre profesores teóricos (docentes universitarios)_y profesores prácticos (profesionales de la Abogacía) no exceda de 40%-60%. Esto es, con el fin de conseguir una formación más profesionalizada. Y también puede atentar contra la imparcialidad de la Universidad a la hora de organizar los títulos, profesores y asignaturas. Esta circunstancia ha recibido numerosas críticas. En el Colegio de Zaragoza se acusó a 14 profesores que se colegiaron y no abonaron la cuota de entrada, según informó El Periódico de Aragón. Además, los discrepantes adujeron que incumplieron la Ley de Incompatibilidades. Por otra parte, fuentes de la profesión hablan de un incremento exponencial de graduados en Derecho en otros Estados miembros que realizan un curso puente en España y se colegian en algún colegio, con lo que ya pueden ejercer en su país de origen sin necesidad de realizar el complicado acceso, por ejemplo, que exige Italia. Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), recuerda que “España es el único de los Estados miembros que aún no exige una formación suficiente de acceso. La normativa supone la equiparación, casi treinta años después del ingreso en la UE. Nadie puede sentirse perjudicado por la Ley. Muy al contrario, estudiantes y ciudadanos saldrán ganando”. Los estudiantes
Los estudiantes se muestran muy críticos con la colegiación masiva de profesores porque lastrará la formación práctica, el principal objetivo de la Ley de Acceso. Cuando no se ha atendido su petición de que queden exentos de la aplicación de la ley quienes se licencien después de noviembre de 2011, como demandaron PP, IU y UPyD.
Los colegios ganan millones
En el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), a finales de 2010, la colegiación ascendía a 54.216 abogados, lo que supone un incremento, deducidas las bajas, de 3.457 letrados con respecto a 2009.
En 2009 el número de colegiados fue de 50.593, lo que supone un incremento con respecto a 2008, deducidas las bajas colegiales, de 698 abogados, es decir, del 79,80%. En Madrid cuesta colegiarse este año 162,60 euros el primer año para ejercientes (414 euros a partir del cuarto año) y 202,32 euros para no ejercientes.
Por su parte, en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), las colegiaciones entre 1 de enero y 30 de junio de 2010 fueron 311 y, en el mismo periodo de 2011, 458, lo que arroja un incremento del 74,3%. En lo que va de año, se han colegiado 10 abogados de otros Estados de la UE. El expediente de incorporación y las cuotas asociadas ascienden a 1.004,28 euros para letrados ejercientes y 630,36 para no ejercientes.
A su vez, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha tenido 1.476 colegiaciones en 2010 y 1.00 en 2009, lo que supone un incremento del 30,01%. En Barcelona, las cuotas colegiales para ejercientes ascienden a 24,08 euros en el primer año y a 48,69 euros entre el quinto y el décimo año. A lo que se suman 300 euros de incorporación. Los letrados no ejercientes tienen unas cuotas de 24,78 euros.
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