El modelo recaudatorio actual, sustentado en las rentas del trabajo, ya no da más de sí, porque cada vez hay menos asalariados, los sueldos siguen bajando y los 3,1 millones de puestos de trabajo que se ha llevado la crisis no se recuperarán en mucho tiempo, o quizá no se haga nunca, porque el empleo masivo lo proporcionaba elladrillo. La vaca que hasta ahora abastecía de ingresos al Estado ya apenas da leche. Por ejemplo, en los últimos tres años el Gobierno recaudó 74.100 millones menos sobre su previsión inicial.
Lo que es evidente es que los impuestos serán la materia mássensible en las elecciones del 20-N porque los bolsillos tendrán más peso en las decisiones de voto. La crisis se ha cebado sobre todo en los asalariados, el caladero electoral de los políticos, cuya clase media sostiene el Estado.
Los expertos dicen que el actual modelo fiscal ya no sirve y que, al igual que se pretende cambiar el modelo de crecimiento económico, también hay que modificar «profunda y urgentemente» el recaudatorio. No se puede ligar la caja del Estado exclusivamente al IRPF e IVA porque, además de injusto, cuando se produce un cambio de ciclo económico, se volatizan los ingresos. Estos dos impuestos suponen ahora el 84% de los ingresos tributarios totales frente al 66% en 2007, al inicio de la crisis.
Además, aunque Rubalcaba y Rajoy, los candidatos del PSOE y PP, no han hablado aún de ello, la situación se está agravando.
Se avecina un batacazo de los ingresos de este año que añadirá más dudas al cumplimento del objetivo de déficit. El Gobierno había estimado un 8,1% más de recaudación con un crecimiento económico del 1,3%. Pero a mitad de año se advierte que los cálculos no se van a cumplir. El PIB sólo crecerá a la mitad y la recaudación ha iniciado una peligrosa curva descendente. Lo que evidencia que el sistema fiscal está ya agotado. No sirve para contrarrestar los efectos de la larga crisis. De momento, hasta julio, los ingresos sólo crecen un 0,3%.
Por ejemplo, a pesar del aumento de tipos, la recaudación por IVA sólo es un 3,8% superior (un 0,4% en las operaciones interiores) a la de hace un año. Y será aún más baja a partir de ahora cuando se compare homogéneamente con los meses del año anterior en que ya se había producido el alza del impuesto. Si los ingresos por el IVA salvaron el objetivo de déficit de 2010 (se recaudaron 12.155 millones más de lo previsto), ahora es imposible que a fin de año se recaude un 7,3% más con el consumo otra vez en negativo.
En el IRPF, la inflación en los convenios evitan un mayor deterioro. Pero los ingresos crecen sólo un 5,2% frente al 6,2% previsto. Y la recaudación será más baja aún porque se está acentuando la destrucción de empleo, repunta el paro y muchas empresas ya han anunciado otra vuelta de tuerca de ERE. En los dos últimos años, Hacienda ha recaudado casi 17.000 millones menos sobre el cálculo inicial.
Por si fuera poco, la caja por Impuestos Especiales (gasolina o tabaco) decrece ya un 3,2%, frente al alza prevista del 2,3%. Sin embargo, el mayor agujero en las arcas públicas lo sigue aportando el Impuesto de Sociedades, que lleva 41 meses en caída libre. En los últimos tres años, el fisco ha ingresado 32.000 millones menos de lo previsto. Para este año se preveía un aumento de ingresos del 9,3% y en julio cae un 23,8%.
En Hacienda ha aumentado la preocupación por el desarrollo de este impuesto. Según los informes de la Agencia Tributaria, no es posible que las empresas paguen sólo el 9,9% de sus beneficios a pesar de la crisis cuando sus tipos están entre el 25% y el 30%. Un 10% es lo que paga un contribuyente por IRPF con ingresos de 21.000 euros.
Por ejemplo, las sociedades abonaron en total 16.198 millones al fisco en 2010 frente a los 44.823 de 2007. Curiosamente, según la Central de Balances del Banco de España, las empresas registraron un año récord de beneficios en 2007. Pero, a la hora de tributar por ellos al año siguiente (2008) sólo ingresaron 27.301 millones.
Todo esto no se debe elusiones fiscales sino a que el Gobierno les ha facilitado una serie de incentivos, que favorecen sobre todo a las empresas de mayor dimensión.
Según Francisco de la Torre, portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado, «la libertad de amortización sin requisitos fue un error». «Se dejó literalmente la política fiscal en manos de las empresas», señala. El caso es que el mismo decreto en que se aprobó la militarización de los controladores, un mes después de que Zapatero se reuniera con la flor y nata empresarial, el Gobierno autorizó que todas las empresas pudieran aplicarse la amortización de sus inversiones de golpe, en lugar de periodificarse, sin que tuvieran que mantener el empleo. De esta forma, las grandes compañías, las capaces de obtener financiación para invertir, «han reducido sus impuestos mientras aumentaban los despidos», dice De la Torre. En los primeros meses de entrada de esta medida aumentaron los ERE un 210% en las grandes empresas.
A esta caída recaudatoria ha contribuido también, como recoge Hacienda en sus informes, que el Gobierno ha permitido la compensación de las pérdidas de un año con los pagos de otros. Y por si fuera poco, ha incentivado que los grandes grupos pueden crear filiales fuera de España, cuyos beneficios no tributan aquí, pero pueden deducirse los gastos financieros de esa inversión.
De la Torre dice que «este impuesto necesita una gran reforma», no sólo porque es dónde más ha caído la recaudación, sino porque «es dónde descansa fundamentalmente la tributación de las grandes rentas y no en tributos escasamente recaudatorios como el de Patrimonio».
En este sentido, la mayoría de los expertos consultados coincide en que, por ejemplo, convendría reducir el tipo nominal del impuesto al 15% o 20%. Pero suprimiendo las deducciones que se aplican.
Eduardo Sanfrutos, socio responsable del Área de Empresas de Ernst & Young, señala que debería reducirse el tipo de este impuesto porque sigue por encima de los países de nuestro entorno y «perjudica a la competivividad». Por su parte, Alberto Estrelles, socio responsable del Área de Sociedades de KPMG, dice que convendría estudiar el principio de caja única entre las empresas y las administraciones para compensar impuestos con impagos así como habilitar, por ejemplo, que las provisiones por morosos sean deducibles.
De todas formas, aunque los expertos dicen que es necesaria una reforma en profundidad, que debería debatirse en la campaña electoral, matizan que quizá su aplicación no podría llevarse a cabo hasta que avance la próxima legislatura y con indicios claros de salida de la crisis. A corto plazo coinciden en que el Gobierno que salga del 20-N no va a tener más remedio que subir los Impuestos Indirectos (IVA e Impuestos Especiales). Hay margen y no afectan a las exportaciones, dicen.
Y, a medio plazo, habrá que definir un nuevo IRPF, evitando por ejemplo la deslocalización de ingresos entre las autonomías o la volatilización de rentas altas que, en muchos casos, se diseñan sus ingresos para pagar menos ocultando los reales. También convendría acercar los tipos medios del IRPF a los de las empresas para que afloren más rentas del trabajo. Y, al menos durante un tiempo, las plusvalías mobiliarias e inmobilarias a corto deberían tributar por los tipos marginales del IRPF y no al 19% o 21% actuales, ya que no se trata de ahorro a largo plazo.
Los expertos coinciden en que habría que controlar más las rentas de los profesionales mediante transparencia fiscal y crear un nuevo sistema de módulos para los autónomos. Estos dos colectivos son la clave en la lucha contra el fraude. Además, convendría que las Sicav, las sociedades de los ricos en manos de la CNMV, pudieran ser inspeccionadas por Hacienda para comprobar si cumplen los requisitos de empresas de inversión colectiva para poder tributar sólo al 1%.
De momento, los candidatos del PSOE y del PP no han detallado sus programas en materia fiscal ante el 20-N. Tampoco han aclarado si van a aplicar la dura cirugía que necesitan las cuentas públicas en materia de gastos. De lo que se conoce, Rubalcaba apuesta por crear un impuesto para ricos distinto al recuperado Impuesto de Patrimonio, otro tributo para la banca y una policía fiscal para luchar contra el fraude. Pero se olvida de que cuando estaba en el Gobierno se aprobó una mejora en la tributación de los banqueros (conocida como aguinaldo). Además, cuando era ministro de Interior, rechazó la demanda de los inspectores de Hacienda en 2007 y 2008 de crear esa policía antifraude.
Por su parte, Rajoy sólo ha concretado que las empresas no tributarán cuando reinviertan las plusvalías y que modificará la fiscalidad de los beneficios no distribuidos. También ha dicho que va a bajar el Impuesto de Sociedades y la tributación de los autónomos en módulos. Del IRPF no ha hablado, tampoco Rubalcaba.
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