El Banco de España anunció el pasado mes de enero la recapitalización del sector financiero español. Puso una fecha límite: el 30 de septiembre. Entonces todo parecía lejano. Hubo gente en el sector financiero que lamentó el excesivo tiempo. Pero las hojas del calendario pasan y, a partir del viernes, la banca en España operará con un capital principal mínimo del 8%, que subirá al 10% en el caso de las entidades que no cotizan en Bolsa o dependen en exceso de los mercados de financiación mayoristas.
La mayor parte del sector ha conseguido reforzar su capital por sus propios medios. Pero tres cajas de ahorros van a acabar nacionalizadas. Se trata de CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y la catalana Unnim. Una cuarta, la CAM, fue intervenida por el Banco de España el pasado julio y ya tiene al Estado en su interior.
La participación que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) va a tomar en las tres cajas nacionalizadas va a ser de control total y absoluto.
Fuentes de los bancos de inversión que están asesorando al Estado en el proceso de valoración de las cajas coinciden en que el techo de valor lo marcaron Bankia y Banca Cívica en sus salidas a Bolsa, con descuentos del 75% sobre su valor en libros.
La caja que preside Rato salió a Bolsa a 3,75 euros y ahora cotiza a 3,6 euros. Peor ha sido la evolución de la entidad de Enrique Goñi y Antonio Pulido, que ha pasado de un precio de salida de 2,7 euros a poco más de dos.
«El Frob tiene difícil justificar entrar a precios más altos de los que el mercado ha impuesto para Cívica y Bankia. Además, la operación debe ser autorizada por la Comisión Europea», apuntan en un banco de inversión de los que está ayudando al Estado en el proceso.
Con estas premisas sobre la mesa, el Frob debe tomar una decisión definitiva sobre la valoración que otorga a las cajas que van a ser nacionalizadas.
Partiendo de descuentos del 85% sobre el valor en libros de las entidades, el Estado podría tomar más del 75% del capital de las entidades. El resto quedaría en poder de las cajas. Al ser el Frob el accionista, no tendrán la obligación de convertirse en fundaciones, sino que podrán seguir manteniendo el estatus de caja de ahorros.
En todo caso, el negocio financiero quedará en un banco. NCG Banco es el que ha creado Novacaixa. El Estado puede controlar hasta el 85%, con una aportación de 2.465 millones de euros.
En cuanto a CatalunyaCaixa, ha puesto en marcha Catalunya Banc. En esta entidad el Frob puede tener una participación de hasta el 78% tras inyectar 1.718 millones de euros. Y en Unnim Banc, el banco de la pequeña caja catalana, el peso del Frob puede rondar el 75%, con una aportación de 568 millones.
Como tarde el próximo viernes, el Frob dirá la participación máxima que toma en cada entidad. Pero no necesariamente el Estado comprará las acciones esta misma semana. El desembolso real en el capital podrá llegar días más tarde.
La entrada del Frob no supondrá una revolución en las entidades. El Banco de España tiene total confianza en los gestores que ahora mismo están al frente, en particular en los de NCG Banco, con José María Castellano de presidente y César González-Bueno de consejero delegado. Y lo mismo sucede con Adolf Todó, que está al mando de Catalunya Banc.
Así, 15 años después de la privatización de Argentaria, hoy parte del BBVA, va a volver la banca pública a España, aunque sea de forma temporal.
El Estado va a estar al frente de cuatro entidades, aunque su intención es irse desprendiendo de ellas de la forma más rápida posible. Pero, de primeras, tendrá bajo su gestión 252.923 millones de euros. Estos activos -aunque separados en cuatro entidades- conforman el quinto banco mayor de España. Sólo lo superan el Santander, el BBVA, Bankia y CaixaBank.
Pero la CAM y sus 71.000 millones de activos pasarán al sector privado a finales del mes de octubre, si es que los planes del Banco de España se cumplen.
En cuanto a NCG Banco, José María Castellano ha pactado con el Frob que inversores privados -a los que dice tener convencidos de entrar en el capital de la entidad- puedan comprar la participación del Frob al mismo precio que el pagado con el Estado, aunque el Banco de España exigirá alguna compensación.
Y en Catalunya Banc, Adolf Todó pretende iniciar ya la búsqueda de inversores privados de forma que el Frob permanezca en el capital de la entidad el menor tiempo posible. El caso de Unnim Banc es más complicado y la entidad está buscando una fusión, de forma que sea un competidor el que compre la participación del Frob. De momento nadie ha querido probar este cáliz.
La ley da un plazo máximo de cinco años al Frob para abandonar los bancos ahora nacionalizados.
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