Gastos sin opacidad... para todos.

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida específica para hacer frente a los gastos de la Casa de S.M. el Rey, ya que según lo expuesto en el artículo 65.1 de la Constitución, «El Rey recibe (...) una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma»; de esta forma el presupuesto no necesita ser justificado y, por disposición constitucional, es de libre disposición del monarca, quien también nombrará al personal militar y civil a su cargo. 

Los gastos de la Casa de S.M. el Rey (en los años 2009 y 2010 estuvieron congelados, este año, como a todos los funcionarios, la asignación se rebajó un 5%, y en 2012, a la espera de que el nuevo Gobierno lo ratifique, el presupuesto de la Casa será el de 2011 prorrogado: 8,3 millones de euros), está siendo criticada desde distintos sectores de la izquierda, por su presunta opacidad y elevado importe. Pero hemos de recordar que estos gastos se aprueban anualmente en los Presupuestos Generales del Estado tras su debate parlamentario y aprobación.

Si además comparamos los gastos de la Casa Real -recuerden, 8,3 millones- con el de otras jefaturas de Estado y monarquías constitucionales europeas, la monarquía española es, de lejos, la más barata.

Así, si comparamos con Italia, su Jefatura de Estado tiene unos gastos aún más opacos que los españoles y mucho más elevados, casi 200 millones de euros en 2007; y los de la Presidencia de la República Francesa ascienden a 90 millones de euros (sin especificar gastos), excluyendo los sueldos de 866 de sus 957 empleados, que corren a cargo de distintos ministerios.

En resumen, dividiendo el presupuesto de la casa real entre los habitantes de España, cada español contribuye con 18 céntimos al año; a los noruegos les cuesta 5,8 euros, a los suecos 1,3, a los daneses 2,34 y a los británicos 75 céntimos. Y si la comparativa es con Repúblicas, las respectivas Presidencias cuestan a los italianos 3,8 euros, a los portugueses, 1,64 y a los alemanes, 35 céntimos.

Mientras tanto, en los últimos 4 años, entre CCOO y UGT han recibido casi 800 millones de euros en subvenciones del Gobierno, según datos del BOE. A esta cifra habría que añadir las cantidades que otorgan las diferentes comunidades autónomas –más de 200, sólo Andalucía les entrega casi 60 millones anuales– y las ayudas que reciben las fundaciones de estos sindicatos, unas partidas, por lo numerosas y por su opacidad, imposibles de cuantificar.

Hay casos "escandalosos", como las ayudas percibidas por CCOO de Ceuta, que ascienden a 12.938.111,76 euros. Teniendo en cuenta el número de afiliados a CCOO en todo el territorio nacional, que apenas supera el millón, y sabiendo que la población de Ceuta ronda los 78.000 habitantes, la mayoría de ellos militares o con actividades laborales funcionariales, podemos suponer que en la citada plaza no debería haber más de mil afiliados al citado sindicato.

Según estos números, CCOO de Ceuta ha percibido por afiliado más de 12.000 euros por persona. A estas cantidades habría que sumar además las retribuciones que perciben algunos sindicalistas por participar en consejos de administración de empresas públicas o en organismos como los consejos económicos sociales.

En España, hay 4.127 liberados sindicales a tiempo completo, con un coste para las empresas de 250 millones de euros. Si contamos los delegados y el coste del empleo de las horas sindicales, su número podría superar los 57.000 y su coste los 1.500 millones anuales.

Haciendo la misma división que antes, a cada español, los sindicatos le cuestan 43 euros anuales, y ello sin poder cuantificar las ayudas recibidas a través de Fundaciones, Asociaciones varias, etc...

El secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, comenta: “Es incontrolable el dinero que reciben los sindicatos de todos los ministerios. Aparte de lo que se publica en el BOE, reciben otras cantidades y no se pueden cuantificar todas. Seguro que ni el Estado sabe el dinero que destina a las centrales sindicales”.

Fernández Santillana asegura que desde USO lo que se pide es que “se acabe con la opacidad del dinero recibido. Todo debería ser controlado, auditado y sometido a luz y taquígrafos. Los ciudadanos deben saber qué se hace con su dinero”. El secretario de Comunicación de USO pone énfasis en el escándalo que suponen “las fundaciones privadas creadas a la sombra de los sindicatos y que se mantienen en un 100% gracias al dinero público. Es una manera de escapar del control. Todo lo que sale en el BOE puede ser impugnado, pero lo que no aparece en el BOE no lleva ningún tipo de control. Cuando se denuncia, la Audiencia Nacional dice que, al ser una fundación privada, debe tratarse por el Código Civil..., y así se escapan de los controles”.